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Citar Lexis Nº 20011622
Textos Completos 
07/08/2004 

DEFRAUDACIONES 
Estafa procesal - Denuncia del propio domicilio como correspondiente al 
demandado - Falsedad 
(Trib. Nac. Oral Crim., n. 14, 29/05/2000 - W., G.). JA 2001-II-281. 
2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, mayo 29 de 2000.
1ª.- ¿Existe el hecho descripto en la requisitoria de elevación a juicio y es 
autor responsable el imputado?
2ª.- En su caso, ¿qué calificación corresponde aplicar?
3ª.- ¿Qué sanción debe imponerse y procede la imposición de costas?
4ª.- ¿Qué temperamento corresponde adoptar en relación a la documentación 
reservada en la presente causa?
1ª cuestión.- El Dr. Cataldi dijo:
Intimado formalmente G. W., explicó que la demanda contra el querellante se 
inició denunciando su domicilio real, pero al intentar diligenciar el 
mandamiento, volvió sin que se cumpliera con ello porque el oficial de justicia 
no encontraba a nadie. Se pidió un nuevo mandamiento con habilitación de días y 
horas, el que resultó devuelto por el mismo motivo. Fue entonces que tuvo un 
problema médico que dio origen al error acerca de este domicilio. El juicio 
continuó, se pidió sentencia y cuando tomó conciencia del error producido con el 
mandamiento, lo único que se le ocurrió fue salvarlo notificando la sentencia al 
domicilio real del demandado, por lo que quería dejar constancia de que en su 
conducta no hubo dolo ni intención en ningún momento, porque es imposible 
intentar defraudar sin elementos. Siempre se procuró la intimación al domicilio 
real del imputado. La deuda existe, el demandado no negó la autenticidad de los 
pagarés ni opuso excepciones. En la querella manifestó que dio los pagarés en 
blanco a un amigo, pero nunca negó la autenticidad, ni tampoco dijo haber 
pagado. La deuda existe y todos los elementos son reales. El error en el dictado 
de la sentencia fue subsanado con la notificación de ésta al domicilio real, 
dándole todo el derecho a defenderse en el momento procesal correspondiente. No 
es un hecho armado para defraudar, tiene muchos años de profesión en los fueros 
civil y comercial, tramita muchos juicios ejecutivos, por lo que cómo surgió 
este mandamiento no lo pudo determinar pero lo atribuye a un error de la 
computadora. La forma práctica que encontró de solucionar el problema fue 
notificar la sentencia al domicilio real y entiende que tampoco hay perjuicio a 
la justicia, porque la misma se hubiera dictado de todos modos. No tuvo 
intención de perjudicar a nadie, ni apoderarse de ningún bien, ni de obtener un 
desplazamiento patrimonial. No tomó medida perjudicial concreta, porque ni 
siquiera embargó al deudor; aunque comprende que se trata de una falla procesal 
seria, no tuvo intención de cometer el delito. A preguntas de la querella acerca 
de cómo sostuvo ese error al comparecer a una oficina de mandamientos, expresó 
que como tiene muchos juicios, las diligencias las pide en forma genérica, 
cuáles tienen para él y no por el domicilio de los demandados e interrogado 
nuevamente acerca del error en que incurriera también el encargado del edificio 
donde vive, afirmó que el mismo tuvo origen en la mención de su nombre, 
insistiendo en todo momento en que era un error, no un delito. Finalmente 
destacó que el mandamiento de intimación no es una diligencia en la que se 
dispone de bienes del deudor, por lo que no requiere cuidados especiales. 
Exhibido que le fue el expte. 23067 caratulado "F., O. G. v. R., J. C. 
s/ejecutivo", del registro del Juzg. Nac. Com. n. 26, Secretaría n. 52, que 
corre por cuerda, reconoció que correspondía a la ejecución de siete pagarés 
promovida contra el aquí querellante y en particular, sus firmas, una de ellas 
estampada en el escrito de f. 35 y las otras a fs. 40 vta. Asimismo, exhibidos 
los expedientes remitidos por el Juzg. Nac. Crim. Instr. n. 33, Secretaría n. 
170, que corren por cuerda a la causa que se le sigue bajo el n. 87421/1999 y en 
los que habría intentado la misma maniobra, denunciando como domicilio de los 
ejecutados su propio domicilio real, los que corren por cuerda a la causa de 
mención, a saber: "S., O. v. C., L. A. s/ejecutivo", del Juzg. Nac. Com. n. 15, 
Secretaría n. 30, en particular f. 28; "F., O. G. v. A., J. y otro s/ejecutivo", 
del Juzg. Nac. Com. n. 13, Secretaría n. 26, en particular f. 46 y "F., O. G. v. 
V., M. L. s/ejecutivo", del Juzg. Nac. Com. n. 15, Secretaría n. 29, en 
particular f. 26, reconoció su actuación en todos ellos, atribuyendo a un error 
de computadora la constancia de su domicilio en dichos escritos.
A fin de tener por acreditada la existencia del hecho y la participación que en 
el mismo le cupo al imputado, he valorado los siguientes elementos de prueba:
1) La declaración testifical de J. C. R., quien señaló que no negaba la deuda 
que se le reclamara en el juicio en cuestión, por cuanto son auténticas las 
firmas en los documentos que durante el debate se le exhibieron. Que el 
perjuicio por el que querelló es que, habiendo sido sindicalista, si le mandan 
una cédula a su casa y un mandamiento a otro y esto es un delito, no puede 
decirse que se trata de una equivocación. El no se negó a pagar la deuda, porque 
ésta existe, pero por qué le hicieron algo como esto, su daño es de naturaleza 
moral. No entendía cómo se podía equivocar falsificando un domicilio, él 
entiende que lo hizo para acarrearle un daño, por cuanto en su casa siempre 
había alguien, su señora siempre estaba. Los pagarés los firmó en la oficina de 
la calle Güemes, pero quiere dejar constancia de que estaban en blanco, no 
estaban llenos, en la ocasión concurrió con un amigo a quien le hacía el favor y 
que fue el que recibió el dinero, los atendió una señora rubia de la que 
conserva la tarjeta. No obstante, comprendía que si su amigo no pagó, le 
correspondía hacerlo a él. Finalmente, expresó haber denunciado a W. en el 
Colegio Público de Abogados, porque descubrió que en otros expedientes intentó 
igual maniobra y que también le inició una querella.
2) La declaración testifical de O. G. F., quien afirmó que W. le lleva alrededor 
de doscientos juicios y que acostumbra firmar los escritos correspondientes en 
la oficina de la calle Güemes, lo cual hace en confianza, por cuanto no conoce 
el aspecto técnico, ni los domicilios de los demandados.
3) La declaración testifical de M. M. de fs. 22/3 e indagatoria de f. 44 
-oralizadas-, de las que surge que es encargado del edificio sito en M. Bravo 
... de esta Capital desde aproximadamente el año 1993 y preguntado sobre el 
punto, manifestó que el ocupante del departamento "B" del 8º piso del edificio 
era G. W., de quien sabía era abogado y que vivía allí desde hacía un año y 
medio o dos. Que el nombrado le informó que podría recibir cédulas de 
notificación en el domicilio y le pidió que se fijara si estaba su nombre y que 
si confirmaba tal circunstancia, podía recibirlas. Interrogado si durante el 
transcurso del tiempo en que W. ocupó el departamento recibió alguna cédula de 
notificación dirigida a su domicilio pero bajo un nombre diferente al de W., 
respondió que siempre recibió cédulas dirigidas a W., caso contrario, no las 
recibía. Preguntado si recordaba haber atendido a un oficial notificador el 
18/2/1999 en el edificio en el cual trabaja, recibiendo una dirigida a J. C. R. 
para el domicilio de M. Bravo ..., dijo no recordarlo, pero que siempre 
controlaba que las cédulas estuvieran a nombre de W. A nuevas preguntas, agregó 
que W. es inquilino del citado departamento, cuyo propietario se llama F. R. y 
que no era allí donde funcionaba el estudio jurídico del nombrado W., pero que 
no sabía dónde estaba ubicado. Por último, respondió que el 18/2/1999, siendo 
las 8:30 hs., estaba él trabajando en el edificio y que con el nombrado W. tiene 
un trato de inquilino y encargado, es decir, el saludo y las veces que deja 
correspondencia para aquél, sin tener más trato que éste. A f. 44, interrogado 
específicamente acerca de si conocía la diferencia entre una cédula y un 
mandamiento, dijo no saberlo, que no sabe nada de leyes y al serle exhibido el 
mandamiento en cuestión no se acordó del mismo, pero sí observaba que el nombre 
del Dr. G. W. estaba en el documento.
4) Las declaraciones testificales de F. E. F. de fs. 62 y 85 -oralizadas-, 
oficial de justicia de la Suprema Corte, de las que surge que interrogado por el 
Tribunal y exhibido el mandamiento de pago, embargo y citación de remate y su 
diligenciamiento, glosado a fs. 39/41 del expediente ejecutivo corriente por 
cuerda, manifestó reconocerlo como diligenciado por él, siendo su firma la 
inserta en el mismo. Que el mandamiento fue llevado a su oficina y pasados los 
cinco días, fue devuelto al no presentarse la parte interesada, tal como se 
observaba a f. 40 parte inferior. El mismo día, el Dr. W. solicitó la vuelta a 
la oficina, como se observaba allí mismo y se produjo lo que es común y 
corriente, requiriéndose de pago, lo cual fue firmado por el Dr. W. Llevada 
adelante la diligencia, se constituyó en el domicilio y posiblemente no hubiera 
nadie en el mismo, razón por la cual hizo entrega al encargado de copia del 
mandamiento, quien expresó que sí vivía el requerido en el lugar, lo cual se 
puede observar a f. 41. Que no podía dar detalles, puesto que tiene como éstos 
unos veinte trámites diarios y esto ocurrió en febrero, tratándose de un 
procedimiento de rutina. Expresó que los mandamientos son asignados por la 
dirección, por lo que el profesional, al concurrir a combinar día y hora o bien 
a cambiar el requerimiento, como en este caso, debe pedir el mandamiento por 
calle y número, no por carátula o por juzgado. Es decir, el Dr. W., a quien 
conocía porque asistía periódicamente por su trabajo a su oficina, solicitó este 
mandamiento como cualquier otro, por la dirección a la cual estaba dirigido. A 
f. 85 añadió que quería dejar constancia de que no obstante conocer al Dr. W., 
dicho conocimiento era superficial, limitándose a la atención del profesional y 
a la eventual combinación de día y hora para una tramitación; fuera de ello no 
existía otra confianza que le permitiera conocer o guardar o agrupar 
mandamientos del nombrado, lo que, por otra parte, resultaba imposible dada la 
cantidad de diligencias que diariamente ingresaban. La situación es como la 
relatara y concretamente, en base a la dirección del demandado, el juzgado 
interviniente zonifica los mandamientos que son recibidos en la oficina y luego 
por él, bajo firma. Por su lado, los letrados pueden saber qué zona corresponde 
a la diligencia por intermedio del juzgado actuante y consecuentemente, se 
dirigen al oficial a cargo de la misma inquiriendo por el mandamiento en base al 
domicilio que figura en el mismo; no hay otra manera de trabajar. Asimismo, hizo 
saber que recibió otros mandamientos dirigidos en juicios diversos al domicilio 
de M. Bravo ..., con intervención del Dr. W. y hallándose anoticiado por la 
declaración que prestara en esta causa sobre eventuales irregularidades o 
ilícitos, es que concurría a hacerlo saber. Que concretamente recibió un 
mandamiento librado el 6/9/1999 en los autos "S., O. v. C., L. A. s/ejecutivo" 
-expte. 170546 del Juzg. Nac. Com. n. 15, Secretaría n. 30- y dirigido al 
domicilio antes indicado y también recibió similares en los autos "F., O. G. v. 
A., J. s/ejecutivo" del Juzg. Nac. Com. n. 13, Secretaría n. 26 y "F., O. G. v. 
V., M. L. s/ejecutivo" del Juzg. Nac. Com. n. 15, Secretaría n. 29.
5. Los siguientes informes -oralizados-: a) del Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal de f. 29 -de fecha 6/5/1999-, del que surge que G. W. se 
encontraba suspendido en los términos del art. 53 Ver Texto en concordancia con 
el 3 inc. b ap. 1 ley 23187 (1), desde el 8/7/1996 y b) de la Comisaría 9 
glosado a f. 28 -de fecha 6/5/1999-, en el que consta que constituido personal 
policial en el domicilio sito en M. Bravo ..., resultaba ser encargado del 
edificio M. A. M., quien informó que el morador del lugar era G. W., desde hacía 
dos años aproximadamente.
6. Las constancias del expte. 23067 en f. 53 caratulado "F., O. G. v. R., J. C. 
s/ejecutivo", del registro del Juzg. Nac. Com. n. 26, Secretaría n. 52 que corre 
por cuerda -oralizadas-, en particular: a) escrito de demanda de f. 14, en el 
que se denuncia como domicilio real de J. C. R. el sito en Edison y Cucha Cucha 
s/n., Barrio La Saldaña, Torre 14, 7º piso C de la localidad de Avellaneda 
(Pcia. de Bs. As.); b) mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de 
remate glosado a fs. 24/26 dirigido a R., al domicilio antes indicado y que 
resulta informado por el ujier en los siguientes términos: "Señor juez: cumplo 
en informar a V.S. que, constituido en el domicilio sito en el Barrio de 
Monoblock La Saladita, sito en Cucha Cucha y Edison, Torre 14, piso 7, 
departamento C, de Sarandí, los días 29 de abril, 19 de mayo y 5 del mes en 
curso, a las 13:10, 12:45 y 16:20 hs., respectivamente, no encontré persona 
alguna que conteste a mis reiterados llamados. Avellaneda, junio 9 de 1998"; c) 
mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate glosado a fs. 
30/32, librado con habilitación de días y horas inhábiles y dirigido a R. al 
domicilio antes individualizado y que resulta informado por el ujier en los 
siguientes términos: "Señor juez: cumplo en informar a V.S. que en el día de la 
fecha, a las 9:40 y 16:20 hs., me constituí en el domicilio sito en las calles 
Edison y Cucha Cucha, barrio de monoblock, La Saladita, Torre n. 14, piso 3, 
departamento B, de Sarandí, no encontrando persona alguna que conteste a mis 
reiterados llamados. Avellaneda, septiembre 26 de 1998..."; d) escrito de f. 33 
en que el actor O. G. F. con el patrocinio del imputado Dr. G. W., devuelve el 
mandamiento individualizado en el apartado anterior y solicita se libre uno 
nuevo a los mismos fines y efectos, bajo responsabilidad de la parte actora; e) 
providencia de f. 34 que establece: "Buenos Aires, 3/11/1998. Agrégase. Hácese 
saber al presentante que para que proceda la diligencia bajo responsabilidad de 
la parte deberá librar oficio a Policía Federal Argentina, Registro Nacional de 
las Personas y Cámara Electoral, a fin de requerir informe sobre el domicilio de 
la demandada. Hay una firma ilegible."; f) escrito de f. 35 en que el actor O. 
G. F., con el patrocinio del imputado Dr. G. W., denuncia como domicilio del 
codemandado J. C. R. el de M. Bravo ..., Capital Federal y solicita se libre 
nuevo mandamiento a los mismos fines y efectos; g) providencia de f. 36 que 
establece: "Buenos Aires, 11/12/1998. Téngase presente el nuevo domicilio 
denunciado. Líbrese nuevo mandamiento como se pide. Hay una firma ilegible."; h) 
mandamiento de intimación de pago de fs. 39/41 dirigido a J. C. R. en el 
domicilio de la calle M. Bravo ... Capital Federal, con constancia al pie de f. 
40 de haber sido devuelto sin diligenciar por no haber comparecido el interesado 
el 15/2/1999, suscripta por el oficial de justicia F. F., fs. 40 vta. dos sellos 
con firmas de W. para su devolución al oficial de justicia de igual fecha a f. 
41 constancia de su diligenciamiento por el oficial de justicia el 18/2/1999, a 
las 8:30 hs., tras constatar con el encargado que el requerido vivía allí; i) 
escrito de f. 42 en que el actor O. G. F., con el patrocinio del imputado Dr. G. 
W., pide se dicte sentencia de remate; j) sentencia de f. 43 de fecha 4/3/1999 
que manda llevar adelante la ejecución contra J. C. R.; k) cédula ley 22172 Ver 
Texto (2) obrante a f. 46 dirigida a J. C. R. al domicilio sito en Edison y 
Cucha Cucha s/n. Barrio La Saldaña, Torre 14, 7º C de Avellaneda, Buenos Aires, 
notificándolo de la sentencia; l) fs. 47/50 escrito de J. C. R. en que recusa 
sin expresión de causa y en otrosi digo interpone nulidad y manifiesta que ha 
denunciado ante la Justicia de Instrucción la actividad cumplida por O. G. F. y 
su abogado G. W. por tentativa de estafa y por estafa procesal hacia el 
magistrado.
8) La fotocopia del acta de comprobación de fs. 8/9 -oralizada-, practicada el 
15/4/1999 por el escribano J. H. C., de la que surge que constituido a 
requerimiento del querellante en el domicilio sito en M. Bravo ..., de la 
Capital Federal, constató que allí vivía el abogado G. W., desde hacía poco más 
de un año, por dichos del encargado del edificio M. M. y de una copropietaria M. 
del C. Mendiluce, miembro del Consejo de Administración del Consorcio de M. 
Bravo ..., quien expresó que el nombrado W. alquilaba el departamento ... del 
... piso, cuyo titular dominial es F. R.. Todo ello en presencia del testigo J. 
C. A.
Siendo este el plexo probatorio reunido, entiendo que el mismo permite tener por 
acreditado que G. W., actuando como letrado de la parte actora en el expte. 
23067/1998 caratulado "F., O. G. v. R., J. C. s/ejecutivo" del registro del 
Juzg. Nac. Com. n. 26, Secretaría n. 52, mediante escrito obrante a f. 35, 
denunció como domicilio real del demandado, el sito en la calle M. Bravo ..., 
piso ... departamento ... de esta Capital Federal, diligenciándose en el mismo, 
con fecha 18/2/1999, un mandamiento de intimación de pago -glosado a fs. 39/41-, 
a resultas del cual el encargado informó que el requerido vivía allí, cuando en 
realidad correspondía al domicilio de G. W., y dictándose la sentencia de 
ejecución, de fecha 4/3/1999, en contra del querellante, en los autos 
comerciales.
Lo expuesto surge de las constancias del expediente comercial arriba citadas, en 
particular del escrito de f. 35 -el que le fue exhibido al imputado, quien 
reconoció su firma- y del mandamiento de intimación de pago glosado a fs. 39/41; 
de lo informado a f. 28 por la Comisaría de la Sección 9ª en cuanto a que en el 
inmueble sito en M. Bravo ..., departamento ..., conforme dichos del encargado 
del edificio M. A. M., vivía el imputado, informe que se corresponde con lo 
asentado en el acta de comprobación notarial practicada el 15/4/1999, obrante en 
copia a fs. 8/9. Por lo demás, el propio acusado reconoció habitar en el lugar.
Se aúnan a todo ello las declaraciones prestadas por el oficial de justicia F. 
E. F., quien intervino en la intimación de pago al domicilio ya indicado, 
denunciando a posteriori, en conocimiento de estas actuaciones, los otros 
expedientes comerciales de que tuvo noticia en razón de su función y en los que 
actuando W. como letrado, aparecía como domicilio de los ejecutados, el 
correspondiente a la calle M. Bravo ..., ... piso, departamento ...
Finalmente, del expediente comercial en cuestión surge que a f. 43 obra la 
sentencia de fecha 4/3/1999 que manda llevar adelante la ejecución contra J. C. 
R. y a f. 46 la cédula ley 22172 Ver Texto que notifica la misma al nombrado en 
el domicilio sito en Edison y Cucha Cucha s/n. Barrio La Saldaña, Torre 14, 7º C 
de Avellaneda, Buenos Aires.
Así voto.
La Dra. Bistué de Soler dijo:
Adhiero al voto del colega que me precede en turno, expidiéndome en igual 
sentido.
La Dra. Barrionuevo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Cataldi, expidiéndome en igual sentido.
2ª cuestión.- El Dr. Cataldi dijo:
El hecho que he tenido por probado al tratar la cuestión precedente resulta 
atípico.
Respecto de la estafa procesal -modalidad incluida en la descripción del art. 
172 Ver Texto CPen.-, el delito exige la utilización ardidosa de la jurisdicción 
para obtener un desplazamiento patrimonial ilegítimo (C. Nac. Casación Penal, 
sala 4ª, causa 744 registro 1125 "Andruchow, J." del 17/2/1998 [3], J.P.B.A. 
102-5 y C. Nac. Crim. y Corr., sala 5ª, causa 31611 "Gabrielli de Baralla, G.", 
10/9/1993, B.I. n. 3, Jul-agos-set/1993, entre muchos otros y doctrina 
concordante, extremo sobre el que resulta ocioso abundar por existir consenso 
sobre el punto).
Ahora bien, el querellante J. C. R. admitió ser deudor de la obligación 
documentada en pagarés a favor de O. G. F., cuyas firmas reconoció, por lo que 
el cobro compulsivo del crédito mediante el inicio del expte. 23067/1998 
caratulado "F., O. G. v. R., J. C. s/ejecutivo" del registro del Juzg. Nac. Com. 
n. 26, Secretaría n. 52, deviene legítimo, más allá de la inexactitud del 
domicilio real del ejecutado para diligenciar el mandamiento de intimación de 
pago.
Sobre el particular, cabe advertir además que J. C. R., al ser notificado en su 
verdadero domicilio de la sentencia de f. 46, presentó el escrito glosado a f. 
47/50, en el que recusó al magistrado actuante sin expresión de causa y en 
otrosi digo, interpuso nulidad manifestando haber denunciado ante la justicia de 
Instrucción la actividad cumplida por O. G. F. y su abogado G. W. por tentativa 
de estafa y por estafa procesal hacia el magistrado, pero no cuestionó la deuda 
que se le reclamaba, es decir, si ésta era o no legítima y si tenía alguna 
excepción que oponer a su pago, como bien destacara la empeñosa defensa.
Sentado lo expuesto y sin entrar a analizar la verdad del error invocado por el 
imputado para excusar su conducta, la maniobra configura una falsedad 
-reprochable a todas luces desde el punto de vista ético en el ejercicio de la 
profesión de abogado- pero no el delito de estafa procesal, por no resultar 
atacado sin derecho el patrimonio del querellante.
En cuanto a la falsedad material prevista en el art. 292 Ver Texto CPen., por la 
cual el fiscal general también formulara acusación, si "hacer en todo o en parte 
un documento falso, equivale a fabricar declaraciones determinadas por medio de 
la escritura para que se atribuyan a personas que no los han extendido u 
otorgado" (Moreno, Rodolfo [h.], "El Código Penal y sus antecedentes", t. VII, 
1923, H.A. Tommasi Editor, p. 12), resulta claro que el delito que pretende el 
representante del Ministerio Público Fiscal no existe, toda vez que el imputado 
ha reconocido como propia la firma del escrito obrante a f. 35 del expediente 
comercial y lo falso es la indicación del domicilio que atribuyó al ejecutado, 
incurriendo, si se quiere, en una especie de falsedad ideológica sin tipicidad 
alguna.
En igual sentido, respecto al concepto de falsificación material del documento, 
Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", actualizador Manuel A. Bayala 
Basombrío, t. IV, 1988, Ed. TEA, p. 432; Fontán Balestra, "Tratado de Derecho 
Penal", t. VII parte especial, parágrafo 157-3-A, 1990, Ed. Abeledo-Perrot, p. 
560; Núñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", t. V, vol. II, parte especial, 
1992, Ed. Córdoba, p. 213 y Creus, Carlos, "Derecho penal", t. II, parágrafo 
2331, 1993, Ed. Astrea, p. 424.
Así voto.
La Dra. Bistué de Soler dijo:
El acusador particular tipificó el hecho que se tuvo por acreditado en la 
cuestión anterior como constitutivo del delito de estafa procesal (art. 172 Ver 
Texto CPen.), en tanto el representante del Ministerio Público Fiscal entendió 
que el suceso se hallaba alcanzado por dos tipos penales: el citado por la 
querella y el de falsificación de instrumento público (art. 292 Ver Texto 
ibíd.), ambos en concurso ideal.
Comparto con el votante que me precede en el orden que el hecho que se atribuye 
a W. no puede ser encuadrado en la figura de la estafa procesal por cuanto el 
ardid utilizado por éste -denunciar falsamente como domicilio del demandado el 
suyo propio- no aparejó un desplazamiento patrimonial perjudicial, por ser 
ilegítimo, desde que la deuda realmente existía y tal extremo fue admitido por 
el accionado.
En relación a la falsificación de instrumento público que además le atribuyera 
el fiscal general al procesado, entiendo que tal ilícito fue referido no al 
escrito en que denunciara falsamente el domicilio del demandado -el obrante a f. 
35- sino al mandamiento de intimación de pago y embargo agregado a fs. 39/41.
Ello así toda vez que si se considera instrumento público todo documento que 
tenga signos de autenticidad oficial, extendido por una persona que es 
funcionario público actuando dentro de la esfera de su competencia (Conf. Soler, 
Sebastián, "Derecho Penal Argentino", t. V, 1992, Ed. TEA, ps. 420/21; Núñez, 
Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", t. VII, 1974, Ed. Lerner, p. 212 y Fontán 
Balestra, Carlos, "Tratado de Derecho Penal", T. VII, 1971, Ed. Abeledo-Perrot, 
p. 485), la presentación judicial suscripta únicamente por el actor y su letrado 
patrocinante no puede ser incluida en esa categoría, desde que no fue extendida 
por escribano u otro funcionario público en la forma que las leyes hubiesen 
determinado (art. 979 Ver Texto CCiv.).
Tal carácter sí lo ostenta, en cambio, el mandamiento de intimación de pago y 
embargo librado por el juez titular del Juzg. Nac. Com. n. 26 que luce a fs. 
39/41, situación que podría tipificar el delito de falsificación de instrumento 
público mencionado por el acusador público, en la modalidad que describe el art. 
293 Ver Texto de la ley sustantiva.
En efecto, si el núcleo de la acción típica es insertar o hacer insertar 
declaraciones falsas en un instrumento público, el escrito de f. 35 en el que el 
procesado denunció falsamente el domicilio del demandado resulta un accionar 
equivalente al hacer insertar que requiere el tipo objetivo. En este sentido, 
señala Soler que "La inserción falsa puede ser lograda de diversas maneras; pero 
en todo caso es necesario que aquella sea el resultado directo de la acción del 
sujeto, aun cuando no es preciso que se produzca en forma inmediata. 
Prescindiendo de todo acuerdo con el funcionario, la acción de éste solamente 
podrá basarse en coacción o en error. Este último es el caso más frecuente y el 
que muestra mejor la naturaleza de esta clase de falsedad" ("Derecho Penal 
Argentino", t. V, 1992, Ed. TEA, p. 453).
De otro lado, resulta innegable que la falsedad introducida por el juez en la 
diligencia gira en torno a un punto esencial del documento, puesto que se 
relaciona con lo que éste debe probar: que el demandado fue intimado de pago en 
su domicilio real.
Ahora bien, el tipo objetivo del art. 293 Ver Texto requiere, además de la 
falsedad, la posibilidad de que de ella pueda resultar un perjuicio. En este 
aspecto, la doctrina es conteste en que no se trata de un delito de simple 
conducta en el que la ley tomó en consideración, para punir, el peligro que en 
sí entraña la conducta típica, sino su trascendencia a una esfera que no se 
agota en ella. Esto significa que la falsedad documental no se castiga por el 
hecho mismo de la falsedad, sino porque ella acarrea peligro para bienes 
jurídicos distintos de la fe pública. (Baigún Tozzini, "La falsedad documental 
en la jurisprudencia", 1992, Ed. Depalma, p. 272). Es decir que la ley exige que 
a esa eventual lesión "abstracta" se sume la "concreta" de la posibilidad de 
perjuicio de otros bienes jurídicos (distintos de la fe pública) que pueden ser 
de variada naturaleza: patrimonial, moral, política (Creus, Carlos, 
"Falsificación de documentos en general", 1993, Ed. Astrea, p. 69 y ss.). Por lo 
demás ese peligro concreto, objetivamente constatable con autonomía, tiene que 
ser probado (Baigún-Tozzini, "La falsedad documental en la jurisprudencia", 
1992, Ed. Depalma, p. 277).
Y en este aspecto es en el que no advierto tipicidad, pues no encuentro en el 
caso concreto la posibilidad de perjuicio para un bien jurídico distinto de la 
fe pública si, como quedó probado, la obligación reclamada judicialmente al 
demandado era verdadera y así lo reconoció éste en el debate.
Coincidiendo con esta afirmación, se ha señalado que "la mera ventaja injusta 
obtenida sin perjudicar un bien extraño no completa el elemento típico del que 
estamos tratando, aunque el procedimiento falsificador empleado para obtenerla 
pueda señalarse, abstractamente, como entorpecedor de una finalidad pública" (C. 
Nac. Crim. y Corr., sala 5ª, 30/5/1975, LL 1975-C-371, citado en la nota 126 por 
Creus, Carlos, "Falsificación de documentos en general", 1993, Ed. Astrea, p. 
77).
Por lo expuesto comparto con el colega que lleva la palabra su afirmación de que 
la conducta que se reprocha al abogado aquí procesado, al margen de la 
calificación que éticamente pueda merecer, resulta atípica, por lo que 
corresponde dictar un pronunciamiento absolutorio.
Es mi voto.
La Dra. Barrionuevo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Cataldi, expidiéndome en igual sentido.
3ª Cuestión.- El Dr. Cataldi dijo:
En atención al resultado al que se arribara al tratar la cuestión precedente, no 
corresponde expedirme sobre el particular, excepto en lo que hace a las costas, 
que deberán ser soportadas por las partes en el orden causado, por ser de 
aplicación en la especie la doctrina del fallo plenario de la C. Nac. Crim. y 
Corr., "Pomarés, Daniel y otro", de fecha 18/9/1934, "Fallos Plenarios" t. I, 
1970, p. 268. (Omissis...).
Así voto.
La Dra. Bistué de Soler dijo:
Adhiero al voto del colega que me precede en turno, expidiéndome en igual 
sentido.
La Dra. Barrionuevo dijo:
Adhiero a lo expuesto por el Dr. Cataldi, votando en igual sentido.
4ª cuestión.- El Dr. Cataldi dijo:
En cuanto a la documentación certificada a f. 205, a saber: la causa "F., O. G. 
v. R., J. C. s/ejecutivo", siete pagarés de fechas 29/7/1997, 29/8/1997, 
29/9/1997, 29/10/1997, 29/11/1997, 29/12/1997, 29/1/1998, todos por la suma de $ 
212, corresponde disponer su devolución al Juzg. Nac. Com. n. 26, Secretaría n. 
52.
Asimismo, en relación con los expedientes requeridos a f. 213, consistentes en 
la causa seguida contra G. W. que lleva el n. 87421/1999 y los que corren por 
cuerda: "S., O. v. C., L. A. s/ejecutivo" del Juzg. Nac. Com. n. 15, Secretaría 
n. 30; "F., O. G. v. A., J. y otro s/ejecutivo" del Juzg. Nac. Com. n. 13, 
Secretaría n. 26 y "F., O. G. v. V., M. L. s/ejecutivo" del Juzg. Nac. Com. n. 
15, Secretaría n. 29, los mismos deben ser devueltos al Juzg. Nac. Crim. Instr. 
n. 33, Secretaría n. 170.
Así voto.
La Dra. Bistué de Soler dijo:
Adhiero al voto del colega que lleva la palabra, expidiéndome en igual sentido.
La Dra. Barrionuevo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Cataldi, expidiéndome en igual sentido.
En virtud del acuerdo que antecede y de conformidad con lo prescripto en los 
arts. 398 Ver Texto , 399, 400, 523 Ver Texto y 530 Ver Texto CPPN., se 
resuelve:
1. Absolver a G. W., de las condiciones personales obrantes en el 
encabezamiento, en orden a los delitos de estafa procesal y falsificación de 
instrumento público, en concurso ideal, por el que mediara acusación fiscal. 
Costas por su orden.
2. (Omissis...).- Hugo N. Cataldi.- Beatriz Bistué de Soler.- Liliana N. 
Barrionuevo.
NOTAS:
(1) LA 1985-B-1030 - (2) LA 1980-A-39 - (3) JA 1999-II-241 Ver Texto - (4) LA 
1990-A-1159 - (5) LA 1995-A-45.
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